Octavio Ortiz García / MoreliActiva
Morelia, Michoacán, a 15 de junio del 2022.- La diputada local del PRI y presidenta del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, informó que tras el escándalo de la compra irregular de un software para la contabilidad del Congreso del Estado, se ha determinado por la Junta de Coordinación Política, el Comité de Administración y Control y la Secretaría de Finanzas que serán los tribunales quien determine quién tuvo la culpa de esta compra plagada de observaciones.
«Ya hubo un acuerdo en la junta, que es conocido de todos se acordó no dar la prórroga de entrega y que se detengan todos los trabajos hasta que termine la investigación… Lo que pase con el dinero y los involucrados lo determinará los resultado de las investigaciones de las autoridades judiciales responsables», acentuó.
De este modo, acotó que a dos abogados, la presidencia del Congreso les entregó un poder notarial, el cual se usó para la compra del software, cuyo costo alcanzó los 5 millones 460 mil pesos, pero que no debió haberse usado para la realización de un contrato.
Afirmó que ya aclaró su participación en la entrega del poder y afirmó que se usó mal, toda vez que solamente era para representación legal y cobranzas.
«Ya se les rescindió el poder a esta persona y yo esperaré los resultado de la denuncia, eran dos abogados, acuerdo de dos diputados coordinadores, no está bien que el abogado abuse, no es válida la firma de quién firmó, yo supe recientemente de esto», arguyó.
Refirió que pese al pago millonario no se ha hecho entrega del programa computacional, especializado contabilidad gubernamental.
Y remarcó que pese a todo, internamente, aún no hay ninguna acuerdo en comisiones y en la Junta de Coordinación Política y la próxima semana continuarán las discusiones.
Y reiteró que será la autoridad judicial la que determine si hay o no diputados locales inmiscuido en este escándalo y qué tipo de sanción ameritaban.
De este modo, fue como hoy en el recinto legislativo se llevó a cabo una reunión entre la Jucopo, el Comité de Administración y la Secretaría de Finanzas, reunión que fue privada y con personal de seguridad en la custodia de los accesos. Empero, se alcanzó a observar varias discusiones acaloradas.
Agregar que el 28 de abril se interpuso una denuncia por los diputados Juan Carlos Barragán, Erendira Isauro y Julieta García, que argumentaron que era innecesario el programa, con sobrecosto y sin licitación para su adquisición.
