Octavio Ocampo plantea regular los centros de rehabilitación para evitar su uso por el crimen organizado
Morelia, Michoacán, a 12 de febrero de 2026.- “Ya basta que los centros de atención a las adicciones no sean espacios seguros, por el contrario, sean lugares de peligro para nuestras infancias y juventudes”, sentenció el diputado del PRD, Octavio Ocampo, al presentar ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Salud de Michoacán que busca regular los centros de rehabilitación y evitar su infiltración por grupos del crimen organizado.
El legislador advirtió que en Michoacán operan alrededor de 500 centros de rehabilitación, pero son muy pocos los que cumplen con las normas oficiales mexicanas de salud. Tan solo en Morelia, precisó, se han identificado 140 centros, de los cuales menos de 50 cuentan con licencia municipal vigente y apenas una treintena se han regularizado plenamente en los últimos tres años.
“La ausencia de una regulación efectiva ha propiciado un descontrol en la operación de estos centros, donde no se garantiza un trato digno, ni alimentación adecuada, ni clasificación por edad o sexo; incluso muchos carecen de profesionales de la salud y operan de manera rudimentaria”, denunció Ocampo.
El diputado perredista recordó que en fechas recientes se han documentado casos en los que jóvenes reclutados desde centros de rehabilitación han participado en delitos de alto impacto, incluidos homicidios y secuestros. “No podemos permitir que estos lugares, creados para sanar, sean utilizados como centros de reclutamiento del crimen organizado”, enfatizó.
La iniciativa presentada por Ocampo modifica hasta 10 fracciones de la Ley de Salud y plantea que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría de Protección de la Niñez, elabore un programa especial para la rehabilitación integral de este grupo vulnerable.
Además, propone crear un padrón estatal de centros públicos y privados, establecer mecanismos de control sanitario y obligar a los ayuntamientos a informar a las jurisdicciones sanitarias sobre los establecimientos en operación, a fin de calendarizar supervisiones periódicas con acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con el legislador, el problema no solo es sanitario, sino de seguridad pública y derechos humanos. “La vulnerabilidad y la baja autoestima de los pacientes son aprovechadas por grupos delictivos que los reclutan, los entrenan y los usan en actividades violentas a cambio de drogas”, lamentó.
El diagnóstico presentado por el diputado refleja también la gravedad del consumo de drogas sintéticas en el país: las solicitudes de tratamiento por estimulantes tipo anfetamínico pasaron del 9.5 % en 2013 al 49.1 % en 2023, siendo hoy la principal causa de ingreso a los centros de atención en casi todas las entidades federativas.
“Hay que poner un alto, ya basta. Los centros de atención a las adicciones deben ser espacios de sanación y esperanza, no lugares de riesgo ni de reclutamiento”, concluyó Ocampo, al llamar a las autoridades estatales y municipales a garantizar una atención digna, con personal certificado y cero tolerancia a la complicidad con el crimen organizado.
